LA HABANA, Cuba, agosto (www.cubanet) – La corrupción ha tomado matices tan preocupantes en nuestra sociedad, que ni activando los piquetes de fusilamientos, el régimen podrá inhibir la podredumbre existente en las instituciones estatales. Lo cierto es que las violaciones no tienen rostro ni jerarquía, y en las infracciones pueden estar involucrados lo mismo un simple panadero que un General de División, o un burócrata del Comité Central.
Hace unos días, el tribunal provincial de La Habana dictó sentencia contra 10 antiguos directivos y funcionarios del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) y la empresa Heber Biotec S. A., comercializadora de productos farmacéuticos.
El fallo se sincroniza con un escándalo de corrupción en la corporación ETECSA, que arrojó desfalcos millonarios, destituciones y encarcelamientos. También dos viceministros del Ministerio de Informática y Comunicaciones fueron sometidos a medidas cautelares, para ser investigados por Seguridad del Estado, y aunque las fuentes no precisaron el motivo de los apresamientos, sospechan que hubo un defalco a través de firmas extranjeras, ya que ambos directivos estaban involucrados en la instalación del cable de fibra óptica entre Cuba y Venezuela, multimillonaria inversión que aún no presta servicio.
A finales de julio, especialistas del Instituto de Planificación Física (IPF) expusieron a los televidentes en el programa Mesa Redonda, un sinnúmero de violaciones del patrimonio arquitectónico de Ciudad de La Habana, daño catalogado de irreversible. Sin embargo, resultó contradictorio que no se citara como responsable del desbarajuste al Instituto Nacional de Vivienda, cuyos funcionarios expidieron las licencias.
Debido a esta omisión, colaboradores de los municipios Plaza de la Revolución, Cerro y Centro Habana, recogieron las opiniones de mil ciudadanos, y 914 de ellos (92%), coinciden en que “el Instituto Nacional de la Vivienda es un organismo corrupto, y sus directivos carecen de fuerza moral para hacer cumplir las leyes”.
Otros exámenes estiman que la corrupción en Cuba se ha generalizado, como resultado de las prohibiciones existentes. Algunos argumentan que por falta de libertad de expresión y derecho a huelgas, los trabajadores, en vez de protestar y luchar para obtener mejoras salariales, recurren al robo para paliar el déficit monetario que padecen, acto que los degrada moralmente. “Imagínate, tengo que robar porque mi mujer me vuelve loco cuando no hay comida, o mi hijo tiene los zapatos rotos” –dijo a ese reportero Miguel Menéndez, panadero.
Raúl Castro, en su último discurso ante la Asamblea Nacional, aseguró: “Todos somos iguales ante las leyes”. Pero nuestros “parlamentarios callejeros” se preguntan: ¿Qué pasó con el General Rogelio Acevedo?
Hace unos días, el tribunal provincial de La Habana dictó sentencia contra 10 antiguos directivos y funcionarios del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) y la empresa Heber Biotec S. A., comercializadora de productos farmacéuticos.
El fallo se sincroniza con un escándalo de corrupción en la corporación ETECSA, que arrojó desfalcos millonarios, destituciones y encarcelamientos. También dos viceministros del Ministerio de Informática y Comunicaciones fueron sometidos a medidas cautelares, para ser investigados por Seguridad del Estado, y aunque las fuentes no precisaron el motivo de los apresamientos, sospechan que hubo un defalco a través de firmas extranjeras, ya que ambos directivos estaban involucrados en la instalación del cable de fibra óptica entre Cuba y Venezuela, multimillonaria inversión que aún no presta servicio.
A finales de julio, especialistas del Instituto de Planificación Física (IPF) expusieron a los televidentes en el programa Mesa Redonda, un sinnúmero de violaciones del patrimonio arquitectónico de Ciudad de La Habana, daño catalogado de irreversible. Sin embargo, resultó contradictorio que no se citara como responsable del desbarajuste al Instituto Nacional de Vivienda, cuyos funcionarios expidieron las licencias.
Debido a esta omisión, colaboradores de los municipios Plaza de la Revolución, Cerro y Centro Habana, recogieron las opiniones de mil ciudadanos, y 914 de ellos (92%), coinciden en que “el Instituto Nacional de la Vivienda es un organismo corrupto, y sus directivos carecen de fuerza moral para hacer cumplir las leyes”.
Otros exámenes estiman que la corrupción en Cuba se ha generalizado, como resultado de las prohibiciones existentes. Algunos argumentan que por falta de libertad de expresión y derecho a huelgas, los trabajadores, en vez de protestar y luchar para obtener mejoras salariales, recurren al robo para paliar el déficit monetario que padecen, acto que los degrada moralmente. “Imagínate, tengo que robar porque mi mujer me vuelve loco cuando no hay comida, o mi hijo tiene los zapatos rotos” –dijo a ese reportero Miguel Menéndez, panadero.
Raúl Castro, en su último discurso ante la Asamblea Nacional, aseguró: “Todos somos iguales ante las leyes”. Pero nuestros “parlamentarios callejeros” se preguntan: ¿Qué pasó con el General Rogelio Acevedo?
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