Gobierno cubano excede sus atribuciones

LA HABANA, Cuba 18 de octubre, (Laritza Diversent, www.cubanet.org ) -El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, informó que el gobierno permitirá la contratación de mano de obra, en 83 de las 178 actividades autorizadas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Una decisión que va contra lo establecido en la Ley Suprema del Estado Socialista y en el Código Penal vigente.
La medida fue anunciada, el pasado 1ro de agosto en la última sesión de la Asamblea Nacional, por Presidente del Consejo de Ministro, Raúl Castro. Sin embargo, la Constitución de la República, que en su artículo 21 garantiza la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar, veda la contratación de mano de obra asalariada.
El ejercicio del trabajo por cuenta propia, actualmente un complemento de la actividad estatal, es la opción que ofrece el Estado a más de un  millón de trabajadores excedentes en el proceso de amortización de plantillas, que planea concluir en el primer trimestre de 2011.
El también Presidente del Consejo de Estado, anunció la eliminación de varias prohibiciones que restringen el ejercicio del derecho a la libre empresa, entre ellas la contratación de la fuerza de trabajo. Considerada por el código penal, como un delito que conlleva pena de hasta 3 años de privación de libertad y/o multa de hasta 25 000 pesos moneda nacional.

La legitimidad de la medida anunciada por el gobierno, lleva implícita una reforma constitucional y legal. La Carta Magna, concede esta facultad exclusivamente al parlamento cubano. Exige además, que la modificación sea avalada por el voto de  las 2/3 partes de los 614 diputados integrantes del órgano supremo del Estado.
El texto constitucional aclara que, si la reforma se refiere a derechos consagrados en la Constitución, como es el caso del ejercicio del trabajo por cuenta propia, requiere además, “la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea”.
La reforma constitucional ofrecería garantías a los ciudadanos que decidan ejercer este derecho. Primero, la imposibilidad de una nueva restricción por libre voluntad política. No obstante, el gobierno guarda silencia al respecto, aun cuando se excede en el ejerció de las atribuciones reconocida, a la par que violenta preceptos constitucionales.